El vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa el lanzamiento de una auditoría para identificar pensiones por invalidez obtenidas de manera fraudulenta.
Adorni ilustró la gravedad de la situación mostrando una radiografía insólita presentada en 2022 por un médico de Corrientes. "Un médico adjuntó la radiografía de un perro para obtener una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, y le otorgaron la pensión", expresó Adorni, destacando la cola del perro visible en la imagen.
El Gobierno examinará 1.223.864 pensiones por invalidez, sospechando que cerca de medio millón fueron obtenidas irregularmente. Esto podría representar un ahorro mensual de 100.000 millones de pesos si se confirman las sospechas y se anulan las pensiones fraudulentas. En 2023, el gasto en pensiones por invalidez fue de aproximadamente 3.400 millones de dólares, lo que equivale a más de medio punto del PBI. Se estima que un tercio de estas pensiones fueron mal otorgadas, representando un desvío de hasta 1.000 millones de dólares.
Adorni mencionó que 60.000 personas presentan incompatibilidades, como poseer múltiples propiedades y vehículos, incluyendo aviones privados. Además, 25.000 beneficiarios de pensiones por invalidez están actualmente trabajando.
La auditoría se impulsó tras una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán. Se solicita investigar al ex presidente Alberto Fernández y a varios ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad por presunta defraudación al Estado. Según Marijuán, entre 2020 y 2023, estos funcionarios habrían facilitado el otorgamiento irregular de pensiones por invalidez para favorecer políticamente a gobernadores e intendentes.
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