Un nuevo memorando del Departamento de Justicia revela que la administración de Donald Trump ha implementado una estrategia para acelerar los arrestos migratorios mediante la desestimación rápida de casos en tribunales de inmigración, lo que ha generado alarma entre jueces y defensores de derechos civiles.
La instrucción, emitida el 30 de mayo, autoriza a los jueces de inmigración —que dependen del poder ejecutivo, no del judicial independiente— a aceptar oralmente las solicitudes de desestimación presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), eliminando el período de respuesta habitual de 10 días para los migrantes.
Según el documento, las decisiones deben tomarse de forma oral durante la misma audiencia en que se presentan los testimonios, sin necesidad de documentación adicional. Esta medida permite que, una vez desestimado el caso, el migrante pueda ser arrestado inmediatamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sujeto a deportación acelerada sin posibilidad de presentar una solicitud de asilo.
Críticos advierten que la estrategia podría estar violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Greg Chen, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, señaló que el memorando omite deliberadamente partes clave del estatuto que exigen justificar cada desestimación con base en las “circunstancias del caso”. “La ley requiere individualización, pero esta política lo ignora por completo”, declaró.
Desde el sindicato de jueces de inmigración, aunque no pueden hablar públicamente, una fuente cercana expresó que muchos consideran esta práctica como una “burla” al proceso legal. “Aplicar la ley migratoria no solo implica hacer cumplir normas, sino hacerlo de forma justa, y esto no lo es”, sostuvo.
Por su parte, Jason Houser, exjefe de gabinete de ICE durante la administración Biden, advirtió que la maniobra no necesariamente agiliza las deportaciones. “ICE no tiene suficiente espacio para detener a todos los arrestados. Ya se ha sobrepasado su capacidad: al 23 de mayo, había más de 51,000 inmigrantes bajo custodia, aunque solo hay fondos para 41,500 plazas”.
Houser también criticó que esta política prioriza detener a migrantes sin antecedentes delictivos, como trabajadores con estatus legal pendiente, lo que, en su opinión, desvía recursos de la persecución de verdaderas amenazas a la seguridad nacional. “Inundar el sistema con personas no peligrosas solo agrava la crisis operativa”, dijo.
El Departamento de Justicia, responsable del memorando, no ha emitido comentarios oficiales. Mientras tanto, crecen las preocupaciones sobre el uso de tácticas administrativas para erosionar las protecciones legales de los migrantes, al margen del debido proceso judicial.
Fuente: NBC NEWS
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