El recién investido presidente Donald Trump ha iniciado su mandato con una serie de cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos. Este lunes, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, firmó una directiva que restringe significativamente el programa de parole humanitario conocido como CHNV, afectando a miles de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El programa CHNV fue implementado por la administración Biden en 2022 como una vía legal para que ciudadanos de estos cuatro países ingresaran a Estados Unidos con permisos temporales de residencia y trabajo por dos años. Según cifras oficiales, hasta finales de 2024, más de 530,000 migrantes habían llegado bajo este programa: 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,070 nicaragüenses y 117,330 venezolanos.
En un comunicado oficial, Huffman aseguró que estas medidas buscan “eliminar el abuso” del programa, retornando a un sistema basado en evaluaciones caso por caso. Trump también firmó una orden ejecutiva que exige el fin de todos los programas de parole que no se ajusten a las políticas migratorias de su gobierno. Sin embargo, la directiva no aclara explícitamente qué pasará con quienes ya están dentro del país bajo el CHNV.
La eliminación de la app CBP One, creada bajo la administración Biden para gestionar solicitudes de asilo en la frontera, es otra medida que marca un giro radical. Aunque limitada en capacidad, la app permitió el ingreso legal de casi un millón de personas durante los últimos años. Trump justificó su eliminación afirmando que contradecía las prioridades de su administración.
Estas decisiones generan incertidumbre entre los migrantes que ya se beneficiaban de los programas eliminados. Casos como el de Michel Bérrios, un activista nicaragüense que dejó Estados Unidos antes de que Trump asumiera la presidencia, reflejan el impacto psicológico y emocional de estas políticas. Aunque Bérrios tenía un año más de permiso bajo el CHNV, temía ser deportado en medio del cambio de gobierno.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han advertido sobre el efecto desestabilizador de estas políticas, no solo para los beneficiarios directos, sino también para quienes aún esperan su aprobación. Hasta mediados de 2024, más de dos millones de solicitudes permanecían en espera, mientras que los permisos existentes comenzarán a expirar este año si no se renuevan.
El CHNV y la CBP One fueron medidas clave para contener las llegadas masivas a la frontera durante la administración Biden. Sin embargo, Trump ha señalado que su prioridad es reforzar la seguridad fronteriza y limitar el acceso a programas que considera contrarios a las leyes estadounidenses.
Aunque las nuevas políticas aún están siendo definidas en detalle, el mensaje es claro: la administración Trump busca un enfoque más restrictivo, endureciendo los requisitos para la entrada legal y desmantelando iniciativas que, según él, promovieron el ingreso masivo de migrantes.
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