El congresista Mario Díaz-Balart, en una entrevista con el periodista Mario Vallejo, abordó con contundencia la política de Estados Unidos hacia los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Aseguró que la actual administración ha revertido las concesiones hechas anteriormente y ha retomado una línea dura, colocando nuevamente a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y aumentando las sanciones contra los regímenes autoritarios del hemisferio.
Díaz-Balart enfatizó que se está ejerciendo una presión real, no simbólica, contra las dictaduras. “Esto no es un espectáculo, es en serio”, declaró. En el caso específico de Nicolás Maduro, fue tajante: “Le quedan tres opciones: irse voluntariamente, terminar en una prisión norteamericana como Noriega o el destino de Soleimani”. Aseguró que Maduro y su entorno deben entender que el tiempo del apaciguamiento terminó.
Sobre Cuba, el congresista sostuvo que el régimen está bajo vigilancia y que se acabaron los tiempos de confusión y tolerancia. “Estamos más cerca que nunca de lograr la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, afirmó. Además, denunció que empresas y personas relacionadas con los regímenes siguen operando en EE. UU., particularmente en el sur de la Florida, lucrando con la miseria del pueblo cubano.
Díaz-Balart expresó su satisfacción de que el gobierno esté comenzando a expulsar del país a familiares de altos dirigentes del régimen cubano que habían sido admitidos previamente. También destacó la necesidad de sancionar a quienes, desde EE. UU., apoyan económicamente a estas dictaduras. Aseguró que desde su oficina se han identificado múltiples empresas que actúan como fachadas del régimen y que trabajarán para cerrarlas.
El congresista también ha estado activo en el tema migratorio, particularmente con los cubanos que entraron con el formulario I-220A. Explicó que, aunque respalda las políticas republicanas, considera injusto que se intente deportar a jóvenes trabajadores con TPS o I-220A.
"Es gente que quiere trabajar, pagar impuestos y ser parte de la economía. Si tienen derecho al ajuste cubano, hay que dárselo", afirmó.
Planteó que se deben hacer reformas razonables en este aspecto, especialmente en beneficio de los cubanos que entraron legalmente y pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Defendió la necesidad de permitirles quedarse, obtener parole, y eventualmente, la residencia.
En cuanto a la lucha contra las empresas que operan con el régimen cubano desde EE. UU., afirmó que se está trabajando no solo con el gobierno federal, sino también con autoridades locales y estatales. “No se puede permitir que Miami le dé oxígeno al aparato represivo castrista”, sentenció.
Díaz-Balart concluyó señalando que espera resultados concretos del Departamento del Tesoro en cuanto a las investigaciones solicitadas, advirtiendo que, de no haber acción, elevará el tono de su reclamo desde el Comité de Seguridad Nacional.
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