Kseniia Petrova, una científica rusa de 30 años vinculada a la Universidad de Harvard, enfrenta un proceso de deportación en Estados Unidos luego de ser acusada de intentar introducir ilegalmente material biológico a través de un aeropuerto internacional.
El incidente ocurrió hace tres meses, cuando Petrova regresaba de un viaje desde Francia. Según reportes, al momento de ingresar al país no declaró que transportaba embriones de rana, los cuales, según sus declaraciones, serían utilizados para fines académicos en una investigación científica.
Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza detectaron el material no reportado durante una inspección y procedieron a detenerla. Desde entonces, Petrova ha permanecido en un centro de detención en Luisiana, y su visa de tipo J-1, destinada a visitantes con fines académicos, fue revocada. Un juez de inmigración decidirá próximamente si será deportada a Rusia.
En declaraciones a la agencia AP, Petrova expresó temor ante la posibilidad de ser enviada de vuelta a su país de origen, especialmente por su postura crítica hacia el gobierno de Vladimir Putin y su oposición a la guerra en Ucrania. Hasta 2022, residía en Ucrania, pero huyó tras el inicio de la invasión rusa, preocupada por represalias debido a sus convicciones políticas.
“Temo ser encarcelada si regreso por mi oposición a la guerra”, dijo Petrova durante la entrevista.
Su abogado, Gregory Romanovsky, sostiene que el caso ha sido sobredimensionado por las autoridades y que, en realidad, se trata de una infracción aduanera sin intención criminal. Cuestionó además el momento en que su clienta fue transferida de custodia migratoria a penal, justo después de que un juez fijara una audiencia para considerar su liberación bajo fianza.
“El gobierno quiere presentarla como una amenaza, cuando lo único que hizo fue no declarar un material con fines científicos”, aseguró Romanovsky.
El caso ha generado atención en círculos académicos y defensores de derechos humanos, que alertan sobre el aumento de detenciones y deportaciones de ciudadanos de países considerados “hostiles”, como Rusia, bajo protocolos más rigurosos desde el inicio de la actual administración estadounidense.
La audiencia que definirá el futuro migratorio de Petrova está prevista para finales de este mes.