La reciente actualización de la aplicación cubana Picta, presentada como una herramienta para “ahorrar Internet” en medio del encarecimiento del acceso impuesto por Etecsa, ha reavivado el debate sobre el control estatal en las plataformas digitales.
Según sus desarrolladores, la app —gestionada por la empresa mixta Z-17 bajo supervisión del gobierno— busca optimizar el consumo de datos mediante contenidos almacenados en servidores nacionales. Esto permitiría aprovechar mejor los limitados 300 MB que ofrece mensualmente el servicio Nauta Hogar.
La versión renovada promete una experiencia más ágil y personalizada. Incorpora funciones como un DJ virtual y canales exclusivos, con la intención de competir con servicios como YouTube o Netflix, aunque sin salir de los márgenes del contenido autorizado por el régimen.
Se ha enfatizado que Picta ya supera los cuatro millones de visitas mensuales, lo que muestra su presencia entre los usuarios, al menos como opción obligada por las circunstancias de conectividad.
Aunque Picta puede resultar útil en tiempos de apagones o cuando los datos escasean, su oferta está limitada por la censura oficial. El acceso a información diversa y no oficial sigue vetado, lo que deja al usuario cubano sin opciones reales de libre navegación
La actualización llega justo cuando Etecsa incrementó de forma notable los precios de los paquetes de datos móviles, provocando un descontento social que se ha manifestado incluso en protestas universitarias. Frente a esto, la nueva versión de Picta intenta posicionarse como alternativa nacional, pero con una oferta filtrada y, en muchos casos, con cobros adicionales para acceder a contenidos internacionales, lo que ha despertado sospechas sobre el manejo de los derechos de autor.
Muchos cubanos reconocen usar Picta como recurso de emergencia, sobre todo durante los apagones, para ver eventos como el fútbol internacional transmitido por TeleRebelde. Sin embargo, las fallas frecuentes de la plataforma y la poca variedad de contenidos alimentan el malestar.
El verdadero problema no es solo el precio de la conexión, sino el uso de plataformas como Picta como herramienta de control informativo. Bajo el disfraz de ahorro y accesibilidad, se perpetúa un ecosistema digital cerrado y vigilado.
Mientras el gobierno intenta ofrecer soluciones que se mantengan dentro de su marco de control, la población sigue exigiendo acceso libre, justo y sin censura a la información. Picta, aunque útil en apariencia, continúa siendo reflejo de un modelo que prioriza la propaganda sobre la libertad digital.
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