Un vendedor ambulante de productos agrícolas en Santiago de Cuba, identificado como Damián, fue obligado por la policía a vender su mercancía a precios extremadamente bajos, incluso por debajo de los establecidos por el propio Estado. Además de la pérdida económica que esto representó, recibió una multa de 36 mil pesos, una suma imposible de pagar para muchos trabajadores por cuenta propia en la isla.
Según denuncias recogidas en la página de Facebook del periodista Yosmany Mayeta Labrada, el hecho ocurrió en la localidad de Micro 9, donde dos oficiales de la policía intervinieron para forzar la venta de los productos. La alternativa que le dieron al vendedor era clara: o vendía todo a precios irrisorios o le decomisaban la mercancía por completo.
“Este hombre, para no perderlo todo, tuvo que vender su mercancía a un precio que ni el propio Estado ofrece, y aun así le pusieron una multa de 36 mil pesos”, relató un testigo de los hechos.
Lo más alarmante del incidente no solo fue la presión ejercida por las autoridades, sino la reacción de la comunidad. En lugar de solidarizarse con Damián, los residentes aprovecharon la situación y compraron todos los productos a precios bajísimos, sin cuestionar la injusticia de la medida impuesta.
“El pueblo, en vez de apoyar a Damián y no comprar nada, lo que hizo fue comprar y comprar. Los policías le dijeron que si no lo vendía al precio que impusieron, se lo iban a decomisar”, comentó un vecino del barrio.
Además del golpe económico inmediato, Damián enfrenta ahora una deuda de 36 mil pesos por la multa impuesta. Este tipo de sanciones, lejos de regular el comercio, condenan a los pequeños emprendedores a la quiebra, dificultando aún más la supervivencia en un contexto de profunda crisis económica.
Este caso no es aislado. Numerosos carretilleros y pequeños comerciantes santiagueros han denunciado prácticas similares por parte de inspectores estatales y la policía, quienes los persiguen con multas y decomisos mientras ignoran los elevados precios en los mercados estatales.
El abuso hacia los trabajadores por cuenta propia en Cuba no es nuevo, pero cada vez se vuelve más evidente. Mientras el gobierno permite precios excesivos en sus establecimientos, somete a los emprendedores a restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, limitando así una de las pocas alternativas de abastecimiento para la población.
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