Desde su perfil en redes sociales, el usuario Samuel Manuel compartió un video estremecedor que ha comenzado a circular con fuerza: una escena captada en una plaza pública de Guantánamo, donde se ve con claridad cómo varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arremeten violentamente contra un grupo de ciudadanos indefensos.
El video muestra a varios policías rodeando a un joven, propinándole golpes, incluso cuando ya está reducido y sin oponer resistencia.
Alrededor, otros uniformados intentan disuadir con empujones a quienes se acercan a grabar o protestar, mientras se oyen gritos de angustia de testigos.
La publicación ha sido acompañada de un fuerte llamado a la denuncia y al despertar cívico, afirmando que "esto no es protección, es terror estatal”.
En un país donde las autoridades intentan proyectar normalidad y orden, estas imágenes desmontan cualquier narrativa oficialista y dejan al descubierto el carácter represivo que vive a diario gran parte de la población cubana.
Este caso no es aislado. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han alertado reiteradamente sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en Cuba, especialmente contra jóvenes, activistas y ciudadanos que apenas intentan expresar su descontento.
Los hechos en Guantánamo son otro recordatorio de una realidad dolorosa: en Cuba, muchas veces la ley no protege, sino que oprime. Y cuando se da rienda suelta a la violencia institucional, la dignidad humana queda arrinconada.
Mientras tanto, las redes se han convertido en la única ventana de denuncia para un pueblo que ya no calla.
La policía cubana, lejos de ser una institución al servicio del ciudadano, se ha convertido para muchos en un instrumento de represión del Estado. En lugar de proteger al pueblo, actúa con frecuencia como fuerza de control político, respondiendo a órdenes que priorizan el silencio social sobre el bienestar colectivo.
El abuso de poder por parte de los agentes es cada vez más evidente y sistemático. Golpizas públicas, arrestos arbitrarios, allanamientos sin orden judicial y hostigamiento constante a activistas, opositores o simplemente a quienes piensan diferente, forman parte del día a día en Cuba.
No se necesita cometer un delito para ser agredido; basta con grabar con un celular o manifestar una opinión en voz alta.
Este clima de impunidad policial genera miedo, pero también creciente indignación.
Las redes sociales, cuando logran sortear la censura, se han vuelto testigos y altavoces de estos abusos. A través de ellas, ciudadanos valientes denuncian lo que el aparato oficial oculta: que en Cuba la violencia estatal no es la excepción, sino la norma.
El pueblo cubano merece justicia, no represión.
Y la policía, si aspira a recuperar su legitimidad, debe dejar de ser cómplice del autoritarismo y volver a servir a quienes jura proteger.