El presidente Donald Trump firmará este miércoles la Ley Laken Riley como la primera norma legislativa de su segundo mandato. La ley, que lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada por un inmigrante indocumentado en Georgia, ha generado profundas divisiones en el país.
La legislación exige la detención y posible deportación de inmigrantes indocumentados acusados de robo y crímenes violentos, incluso antes de que sean condenados. La medida fue aprobada rápidamente por un Congreso controlado por los republicanos, con el apoyo de algunos demócratas, pese a las críticas de los defensores de derechos humanos que la califican de extrema.
La Ley Laken Riley toma su nombre de una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en febrero de 2024 por José Antonio Ibarra, un inmigrante indocumentado venezolano. Ibarra fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en noviembre de ese mismo año.
Ibarra había sido arrestado previamente por entrada ilegal en 2022 y liberado mientras se resolvía su caso en la corte de inmigración. Posteriormente fue detenido en Nueva York por poner en peligro a un menor y sospechoso de robo en Georgia, eventos que ocurrieron antes del asesinato de Riley.
“Tener un proyecto de ley de tanta importancia nombrado en su honor es un gran homenaje”, declaró Trump. “Esta nueva forma de crimen, criminales ilegales, es masiva y debemos combatirla”.
El proyecto de ley fue aprobado con inusitada rapidez por el Congreso y será firmado apenas nueve días después de que Trump asumiera su segundo mandato. La Casa Blanca planea una ceremonia simbólica rodeada de legisladores y familiares de Laken Riley, lo que subraya su importancia política para los conservadores.
Reacciones y críticas
Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la ley podría desencadenar detenciones masivas y promover una práctica de "culpabilidad preventiva". Según Naureen Shah, subdirectora de asuntos gubernamentales de la ACLU, “la ley permitirá que personas sean encerradas obligatoriamente, tal vez durante años, simplemente por haber sido acusadas de delitos no violentos en el pasado”.
La legislación también otorga a los fiscales generales estatales la posibilidad de demandar al gobierno federal por decisiones de inmigración, un poder que podría permitir que estados conservadores influyan significativamente en la política migratoria nacional.
Trump ha sugerido que la Ley Laken Riley es solo el comienzo de una serie de medidas para intensificar su lucha contra la inmigración ilegal. “Esto muestra el potencial para nuevos proyectos de ley de seguridad que restaurarán el Estado de derecho en nuestro país”, afirmó durante una conferencia en su club de golf en Florida.
La aprobación de la ley refuerza el enfoque del gobierno en un tema que ha sido central en la carrera política de Trump. Sin embargo, los retos legales y logísticos, así como las críticas de grupos de derechos humanos, prometen mantener este tema en el centro del debate nacional en los próximos meses.
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