Más de 860 000 personas en Cuba sufren actualmente afectaciones en el suministro de agua potable, una crisis que el propio gobierno reconoce como grave, pero que atribuye a la sequía, la inestabilidad eléctrica y, como ya es habitual, al embargo de Estados Unidos.
Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), declaró al diario oficial Granma que las provincias orientales son las más golpeadas por la escasez, con Santiago de Cuba encabezando la lista (unas 400 000 personas afectadas), seguida de Holguín (más de 100 000) y Ciego de Ávila (cerca de 90 000). En La Habana, los municipios Cerro, Centro Habana, Habana Vieja, Plaza de la Revolución y Diez de Octubre tienen alrededor de 248 000 habitantes con un suministro irregular.
Según Rodríguez, las interrupciones eléctricas en zonas clave de bombeo —como la Cuenca Sur— han impedido mantener un flujo estable, provocando retrasos en la normalización del servicio. Aunque aclaró que no se trata de apagones planificados, admitió que las averías en el sistema eléctrico han sido recurrentes.
El funcionario aseguró que se han invertido miles de millones de pesos en mejorar el abasto, incluyendo la instalación de equipos de bombeo solar en áreas rurales, la rehabilitación de plantas desalinizadoras y proyectos de trasvase de agua entre regiones. Sin embargo, reconoció que los recursos siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades urgentes.
En su explicación, Rodríguez volvió a culpar al embargo estadounidense, al que calificó de “agresión sostenida” que, según él, impide la compra de tecnologías modernas para el tratamiento y distribución del agua, dificulta el acceso a repuestos y equipos, encarece los fletes y obstaculiza la cooperación internacional.
Esta narrativa, repetida durante décadas, es vista por críticos como una forma de desviar la atención de problemas internos más profundos: mala gestión de los recursos, falta de mantenimiento preventivo, priorización política sobre necesidades básicas y un modelo económico que no incentiva la eficiencia ni la inversión real. Organismos internacionales han señalado que, aun sin las restricciones del embargo, la infraestructura hidráulica cubana requeriría reformas estructurales y transparencia en la gestión para alcanzar estándares sostenibles.
En el caso del agua, la combinación de factores climáticos —como la sequía que golpea al oriente del país— con el deterioro de la infraestructura y la crisis energética crea un cóctel que deja a cientos de miles de cubanos dependiendo de pipas o de almacenamientos irregulares.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que la solución pasa por mayores inversiones, cooperación internacional y, sobre todo, el levantamiento del embargo, una demanda recurrente en todos los foros donde participa. Para la población afectada, sin embargo, las declaraciones oficiales no se traducen en mejoras concretas a corto plazo.
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