La suspensión temporal de los permisos de viaje para el programa de parole humanitario dirigido a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití ha provocado una fuerte reacción entre los políticos republicanos en Estados Unidos, quienes ahora demandan el cierre definitivo del programa.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, expresó en la plataforma X su posición contundente: "Hay que cerrarlo de manera permanente". Johnson criticó la existencia misma del programa, calificándolo como una estrategia de la administración Biden-Harris para permitir la entrada de cientos de miles de extranjeros al país sin control adecuado.
La senadora republicana por Mississippi, Cindy Hyde-Smith, también reaccionó con escepticismo: "¿Alguien sorprendido? Más evidencia de otra política fronteriza fallida de Biden y Harris. Lo único sorprendente es que lo estén admitiendo".
El exgobernador de Florida, Rick Scott, fue aún más severo en su crítica. En un mensaje en X, afirmó que el programa permitió la entrada de inmigrantes ilegales sin la debida verificación, describiendo la situación como un peligro para las comunidades estadounidenses. "La 'zar de la frontera' Harris no solo no logró asegurar nuestra frontera, ella permitió que el fraude, el despilfarro y el abuso masivos permitieran que criminales y terroristas ingresaran a nuestras comunidades", escribió Scott. "Este informe es aterrador para todos los estadounidenses", concluyó.
Eric Burlison, republicano por Missouri, pidió en X el cierre inmediato y definitivo del programa, así como la deportación de todos los inmigrantes ilegales admitidos a través de este. Burlison fue enfático en su condena, calificando el programa como "ilegal".
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, republicano por Tennessee, afirmó que el informe reciente sobre el fraude en el programa "reivindica cada advertencia" emitida por los críticos. Green acusó al exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, de mentir sobre la calidad y el alcance del proceso de investigación. También subrayó que el DHS no ha cumplido completamente con la entrega de documentos solicitados por el Comité de Seguridad Nacional, a pesar de una citación emitida el año pasado.
Los republicanos han sido consistentemente críticos del programa de parole humanitario desde su inicio. A principios de este año, un grupo de estados republicanos presentó una demanda para detener el programa, pero fue desestimada por un juez de distrito. A pesar de este revés, los líderes republicanos continúan presionando para su cierre permanente, argumentando que su existencia pone en riesgo la seguridad nacional y fomenta el fraude y el abuso.
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