El episodio violento ocurrido el 8 de junio en la Finca de los Monos, ubicada en el municipio Cerro de La Habana, ha llevado a la detención de varios jóvenes de entre 16 y 20 años por su presunta implicación en los hechos. Las autoridades informaron casi diez días después del incidente, elevando a ocho el número de heridos, cuadruplicando la cifra inicial.
Yaimara Angulo González, vicefiscal jefa provincial en La Habana, declaró que el Ministerio del Interior (MININT) ha iniciado un proceso penal con dos líneas de investigación. La primera, centrada en identificar a los individuos armados que causaron los disturbios y las lesiones. La segunda, en determinar quiénes divulgaron "noticias falsas" sobre los hechos.
Las redes sociales inicialmente informaron de entre siete y nueve jóvenes muertos, basándose en imágenes de personas armadas y peleas antes de la llegada de la Policía. Aunque el gobierno cubano insiste en que no hubo muertos y desacredita a los medios independientes, la violencia desatada y la participación de jóvenes en el incidente ha generado preocupación.
La vicefiscal subrayó la importancia de establecer los motivos de quienes divulgaron el suceso y alarmaron a la población, insinuando posibles acusaciones de "propaganda enemiga". A pesar de las detenciones, los menores de edad involucrados no han sido acusados debido a su edad, según el Código Penal vigente.
Las autoridades de La Habana han afirmado que la actividad no estaba autorizada, aunque se ha revelado que algunos funcionarios del municipio estaban al tanto de la misma. El administrador de la Finca de los Monos y el presidente de la empresa privada Klatus confirmaron que las autoridades del Cerro habían aprobado la actividad. La intendenta del municipio, Elena Luis Rodríguez, admitió que algunos funcionarios sabían del evento y enfrentarán medidas administrativas.
Araiz Torres, una de las organizadoras del evento, respaldó esta versión, indicando en redes sociales que nunca se informó que la actividad no estaba autorizada ni suspendida, evidenciando una falla en la comunicación institucional. La promoción del evento en el programa televisivo "De tarde en casa" el 6 de junio también contradice las afirmaciones de que la actividad no tenía autorización oficial.
Este caso pone de relieve las crecientes ilegalidades y problemas de comunicación en la gestión de eventos en La Habana, así como la necesidad de mayor transparencia y coordinación entre las autoridades y los organizadores de actividades.
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