El Comité contra la Tortura de la ONU solicitó al Gobierno de Cuba "investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021; y asegurar que las víctimas reciban una reparación integral adecuada".
En un informe emitido este viernes, el Comité expresó su preocupación por las denuncias que documentan que durante las protestas se produjeron malos tratos como golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas.
Durante las protestas del 11J, el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó al enfrentamiento entre los cubanos en las calles.
"Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres y estamos dispuesto a todo. No vamos a admitir que ningún mercenario y contrarrevolucionario provoque un estallido. Convocamos a todos los revolucionarios y comunistas a enfrentar en las calles estas manifestaciones. No vamos a permitir que nadie manipule e impongan un plan anexionista. La orden está: a la calle los revolucionarios", dijo Díaz-Canel el 11 de julio de 2021.
La Policía y las tropas de élite del régimen de La Habana dispararon incluso contra los cubanos desarmados en La Habana y otros territorios como Cárdenas durante las protestas del 11J y en días posteriores, según videos y testimonios divulgados en las redes sociales y por medios independientes.
Los representantes del régimen cubano ante la ONU negaron en el Comité contra la Tortura que durante las protestas del 11J se hay utilizado la fuerza, haya presos políticos o represión contra activistas.
Los expertos en derechos humanos que componen el Comité expresaron también su preocupación por "las denuncias de juicios sumarios sin garantías al debido proceso, las restricciones a la movilidad, las limitaciones en el acceso a internet y los actos de repudio".
El Comité contra la Tortura de la ONU recomendó al Gobierno de Cuba establecer protocolos que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales, conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos. También lamentó "la insuficiente información del Estado parte (Cuba) sobre la investigación y el enjuiciamiento de las denuncias vinculadas a abusos cometidos en este contexto (las protestas del 11J)".
De forma más genérica, el Comité reiteró "su preocupación por informaciones de las Naciones Unidas que documentan casos de hostigamiento, agresiones, detenciones arbitrarias, encarcelamiento y represalias a defensores de derechos humanos, periodistas y artistas, especialmente aquellos considerados como opositores políticos".
El informe recoge una serie de recomendaciones para que el Gobierno de Cuba adopte las medidas necesarias para prevenir esas detenciones y actos de hostigamiento, y para que garantice que, cuando se produzcan, sean investigados y los responsables sean sancionados. Así como, establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
El Comité contra la Tortura de la ONU lamentó que el Estado cubano no haya presentado información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el periodo de examen del Comité, que fueron en un promedio de 100 al año y cuya causa principal serían las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la información facilitada por las autoridades de Cuba.
Además, expresó su preocupación por la subordinación de la Fiscalía General de la República al presidente de la República, establecida en el artículo 157 de la Constitución cubana, y por las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía puesto que únicamente los miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pueden ejercer la profesión en el Estado parte. Los expertos del Comité recuerdan que el Estado debe velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia de la Fiscalía general y del poder judicial, en particular asegurándose de que el nombramiento de los jueces se ajuste a las normas internacionales pertinentes.
Entre los aspectos positivos del informe, el Comité destaca la adhesión del Estado de Cuba al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, así como las iniciativas de revisión de la legislación en esferas pertinentes para la Convención contra la tortura. También, los esfuerzos realizados por el Estado cubano a fin de modificar sus políticas y procedimientos para reforzar la protección de los derechos humanos, concluyó el comunicado de prensa de la ONU.