El domingo en la tarde, Dania María Esplugas subió al carro fúnebre junto al cadáver de su hijo, del que no quiso despegarse hasta dejarlo ella misma en el panteón familiar. El día antes, a medianoche, varios agentes cubanos llegaron hasta su casa de La Habana Vieja para informarle que Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 29 años, había muerto en la prisión del Combinado del Este, donde se encontraba recluido desde que participara en las protestas antisistema del 11 de julio de 2021. Dania desmiente cualquier versión oficial de los hechos: su hijo no falleció, como dice el Gobierno. A su hijo se lo mataron.
“No sabían cómo llegar a decírmelo”, cuenta Dania, de 63 años. “Eran las 12 de la noche y había una patrulla dando vueltas alrededor de la casa. Hasta que llegaron, me lo dijeron y sabrás cómo me puse”. La última vez que Dania vio a su hijo con vida fue el sábado 23 de noviembre durante una visita al penal. Nada apuntaba a que en la siguiente ocasión tendría delante el cuerpo del joven sin vida. Según el resultado de la autopsia oficial, murió de asfixia por ahorcamiento el 30 de diciembre sobre las 9 de la noche.
Dania conserva fotos de la ropa que tenía su hijo cuando finalmente fue trasladado a la funeraria ubicada en las calles Zanja y Belascoaín, de La Habana. Un pulóver con marcas de suelas enfangadas y un pantalón que hasta hoy permanece empapado de orina por la tortura a la que, según la madre, fue sometido su hijo a manos del personal penitenciario.
En un video estremecedor divulgado en redes sociales, aparece Dania arrimada al cuerpo sin vida de Manuel de Jesús, mientras asegura a gritos que a su hijo “lo mataron”. “Me lo mataron, pero esto no se va a quedar así, tan lindo, tan bello que era”, se oye a la madre decir. “Me le dieron golpes y me lo mataron. Me mataron a un hijo mío, pero lo tengo vivo aquí en mi pecho”.
La madre tuvo tiempo para escrutar el cuerpo del hijo, para encontrar marcas en la espalda, el cuello o los brazos que la convencen de que su hijo no agarró una sábana para ahorcarse, sino presuponer que después de una golpiza que lo dejara sin aliento, a Manuel de Jesús lo colgaron para simular un suicidio.
Dania vio que su hijo tenía en el cuello marcas de un zambrán, el cinturón militar de campaña que usan los oficiales cubanos. “Ellos dicen que se ahorcó para limpiarse [de culpa], pero mi hijo nunca haría eso”, sostiene. “Tenía moretones en la espalda y en los brazos como si le hubiesen dado golpes con la tonfa [porra]”. La madre también pudo observar que el hijo tenía varios golpes encima del pulmón derecho.
El tercer preso político del 11-J que fallece en prisión
La de Manuel de Jesús es la tercera muerte en prisión de un manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021, que dejaron el saldo de más de 1500 cubanos detenidos. Según datos proporcionados por la organización Justicia 11J, hoy un total de 554 de esas personas permanecen en prisión, algunos con condenas ejemplarizantes que alcanzan hasta los 20 años de privación de libertad.
El preso político Alejandro Garlobo, que a finales del pasado año fue liberado bajo fianza, conoció a Manuel de Jesús —promotor de Cuba Decide y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu)— durante los primeros días en que coincidieron en el Combinado del Este, la prisión de la isla donde se registran más eventos represivos, según una investigación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
“Muchos de nosotros lo conocíamos por Noli. Tremendo chamaco, serio, con buenos ideales”, dice Garlobo. “Era un muchacho súpervaliente, se negaba a trabajar [en prisión], porque te decía que si trabajabas le servías a la dictadura. Era serio, no se merecía esto”.
Manuel de Jesús había ingresado al penal con 27 años, tras ser violentamente detenido en su casa el 17 de julio de 2021 por publicar en redes sociales los videos que grabó durante las protestas del día 11. El joven, acusado de desorden público y hechos vandálicos, fue condenado a seis años de privación de libertad en un juicio que se celebró luego de permanecer un año y medio encarcelado. En dos ocasiones, su madre presentó habeas corpus ante el Tribunal Provincial de La Habana exigiendo su liberación, pero las solicitudes fueron desestimadas.
Hace solo unos meses, Manuel de Jesús denunció al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas las condiciones en las que se encontraba en la cárcel: no solo lidiaba con la plaga de chinches y ratas en la celda, sino que le habían negado asistencia médica, medicamentos para curar la sarna que contrajo en prisión, y también sufría por la mala alimentación y por permanecer junto a presos comunes condenados por delitos violentos.
Ahora que la muerte de Manuel de Jesús ha ocupado titulares de la prensa y provocado una especie de conmoción en el penitenciario, Garlobo asegura que los amigos reclusos con los que ha podido comunicarse cuentan que a las afueras del Combinado del Este había grupos antimotines “por si algo sucedía”. También le informaron que el viernes pasado el joven fallecido fue víctima de una golpiza en prisión. “No dudo que hayan hecho lo mismo que le hicieron a otro preso que conocí”, dice Garrobo. “Dijeron que se había ahorcado, pero simplemente fueron ellos los que lo colgaron”.
Las causas de la presunta golpiza que le propinaron a Manuel de Jesús en la cárcel son imprecisas: un primo de la víctima aseguró en Facebook que el motivo fue negarse a trabajar para la Seguridad del Estado. Otras fuentes también han dicho que la tortura tuvo lugar en una celda de castigo, tras un intento de fuga de la cárcel por el acoso que vivía a diario. No era la primera vez que el joven recibía uno de estos atropellos en prisión. A inicios del pasado año, su madre denunció a la prensa independiente que, tras una golpiza, a Manuel de Jesús se le inflamaron algunas glándulas en la parte inferior de los oídos y tuvo que ser operado en el hospital del penal.
“Imposible una investigación independiente”
Lo que sucede en las cárceles cubanas permanece de las rejas hacia adentro. En más de una ocasión, organizaciones internacionales y de la sociedad civil han denunciado la falta de acceso a las prisiones, donde la mayoría de los delitos quedan impunes. Un estudio del grupo de asesoría legal Cubalex sostiene que, entre enero de 2022 y enero de 2024, en Cuba se registraron 56 muertes bajo custodia, en su mayoría hombres (53). Las principales causas de muerte resultaron ser el suicidio y la violencia.
Cubalex recuerda que a nivel internacional existe el Protocolo de Minnesota17 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), una herramienta “para guiar las investigaciones de muertes que podrían haber sido causadas o estar relacionadas con acciones u omisiones del Estado”. Pero, en las prisiones cubanas, “la ausencia de investigaciones adecuadas y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades implicadas en los incidentes de violencia sugieren un entorno de impunidad”, indica la organización.
En un contexto de opacidad, falta de independencia de poderes y de herramientas para la ciudadanía como el de Cuba, será prácticamente inviable definir si la causa de muerte del joven se trató de un asesinato o un ahorcamiento. El abogado cubano Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría legal Cubalex, explicó a EL PAÍS que “es imposible realizar una investigación independiente distinta a la que controla el Estado, por tanto es muy difícil probar en términos judiciales que fue asesinado”.
“Lamentablemente va a quedar en el olvido, porque no hay mecanismos de investigación independientes, no hay organizaciones de la sociedad civil a las cuales la madre pueda acudir”, sostiene el letrado. “El recurso fundamental que tienen ahora es hacer una denuncia contra los funcionarios y la dirección del establecimiento penitenciario en que se encontraba Manuel de Jesús y esperar entonces a que se realice un proceso de investigación por instituciones oficiales, o sea, la Fiscalía Militar, el aparato de investigación del Ministerio del Interior. En términos legales, los recursos son muy limitados por el propio contexto cubano y es muy posible que la versión oficial siga siendo la del ahorcamiento, porque eso libera de responsabilidad a los funcionarios de la prisión donde se encontraba esa persona”.
(Tomado de "El País")