El periodista independiente José Luis Tan Estrada ha utilizado las redes sociales para denunciar la escalada represiva de la Seguridad del Estado contra periodistas independientes en Cuba. Tan Estrada hizo un llamado en el que responsabiliza al régimen cubano de cualquier cosa que le pueda suceder. En su mensaje advirtió que en las últimas horas varios de sus colaboradores han sido detenidos, amenazados con altas penas de prisión o con ver afectada la integridad de sus familiares.
Según el periodista, estos colaboradores han sido sometidos a coacción, tortura psicológica, y han sido filmados en contra su voluntad. Además, les han confiscado sus dispositivos electrónicos y ahorros.
El caso de Tan Estrada no es único: Laritza Diversent, abogada y directora de la organización Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha sido víctima de acoso y represión por parte del gobierno cubano. En 2016, la sede de Cubalex fue allanada y sus miembros fueron sometidos a interrogatorios y amenazas. Diversent decidió exiliarse en Estados Unidos para continuar su trabajo sin represalias.
Henry Constantín Ferreiro, periodista independiente y director de la revista La Hora de Cuba que ha enfrentado constantes acosos y detenciones arbitrarias. En 2017 fue detenido junto con otros periodistas cuando intentaban viajar a una conferencia de periodismo en Estados Unidos. Ha sido víctima de confiscaciones de equipos y amenazas de encarcelamiento.
Yariel Valdés González, periodista independiente que tuvo que abandonar a Cuba debido a las amenazas y persecuciones por su trabajo crítico hacia el gobierno. Valdés solicitó asilo en Estados Unidos en 2019, y desde entonces ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba desde el exilio.
Roberto Quiñones Haces, abogado y periodista de Cubanet fue condenado a un año de prisión en 2019 por "resistencia" y "desobediencia" tras cubrir el juicio de unos pastores protestantes. Su detención y encarcelamiento generaron condena internacional y llamamientos para su liberación.
Además de la represión directa contra periodistas, las autoridades cubanas han tomado medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió algunas protestas. En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo código penal que incluye normas vagas e imprecisas utilizadas para criminalizar la oposición pacífica al gobierno. Este código establece la pena de muerte para varios delitos, incluido el de “sedición” y “actos contra la independencia del Estado”, cargos utilizados contra muchos manifestantes del 11 de julio de 2021.
Estos ejemplos ilustran el ambiente represivo que enfrentan los periodistas independientes y activistas en Cuba, donde las autoridades emplean tácticas de intimidación, detención y amenazas para silenciar las voces disidentes y mantener el control sobre la narrativa pública.