Durante la tarde del Viernes Santo, en plena transmisión en vivo de una procesión religiosa en El Vedado, La Habana, la periodista independiente Camila Acosta fue interceptada por dos mujeres vestidas de civil que afirmaron ser agentes del Ministerio del Interior.
El acto, que ocurrió en la esquina de 11 y E, no solo interrumpió el ejercicio profesional de Acosta, sino que evidenció nuevamente el acoso persistente del régimen cubano hacia quienes ejercen la libertad de prensa fuera del control estatal.
Mientras Acosta cubría la procesión organizada por la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la céntrica calle Línea, las supuestas agentes del MININT se acercaron, le exigieron su carnet de identidad y le prohibieron grabarlas, a pesar de negarse ellas mismas a mostrar identificación oficial o dar sus nombres. Tras revisar el documento, se retiraron sin ofrecer explicación, dejando claro que el objetivo era intimidar a la periodista y enviar un mensaje de control y vigilancia.
Este no es un hecho aislado. Camila Acosta ha sido objeto de una campaña constante de hostigamiento: ha sido interrogada en múltiples ocasiones, sometida a vigilancia domiciliaria y difamada públicamente por los medios estatales. En abril de 2024, fue detenida en Cárdenas, Matanzas, mientras intentaba visitar a familiares de presos políticos. Fue retenida en una estación policial por una hora y posteriormente escoltada de regreso a La Habana por una caravana de patrullas.
Estos actos reflejan la estrategia del gobierno cubano de reprimir toda forma de disidencia, incluso en espacios tradicionalmente protegidos como los religiosos. La procesión del Viernes Santo, aunque contaba con permiso oficial, tuvo lugar en un contexto de creciente censura y represión contra expresiones de fe, sobre todo aquellas que pudieran dar espacio a la crítica o la organización comunitaria.
Contrasta con otras procesiones prohibidas durante la misma Semana Santa en distintas localidades del país, confirmando el doble rasero con el que opera el régimen: permite algunas actividades religiosas solo bajo estricto control, mientras persigue y silencia a quienes intentan documentarlas libremente.
El acoso a periodistas independientes como Acosta se enmarca en una política de Estado orientada a silenciar voces críticas y controlar la narrativa pública. En marzo, organizaciones denunciaron casi 250 hechos represivos en Cuba, lo que evidencia que la vigilancia, los arrestos arbitrarios y la intimidación no son excepcionales, sino parte de un sistema sostenido de represión.
En un país donde la libertad de prensa está criminalizada y los derechos civiles son vulnerados de forma sistemática, cada acto de reporteo libre es un acto de valentía. Lo ocurrido este Viernes Santo con Camila Acosta es un recordatorio de que en Cuba, ni siquiera la religión escapa al control político, y que los disidentes —periodistas, activistas, religiosos o ciudadanos comunes— siguen siendo blanco del hostigamiento permanente del poder.
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