La política actual en la frontera sur de Estados Unidos se centra en la "expulsión expedita", una medida implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para acelerar la salida de inmigrantes irregulares del país. Esta acción responde a las medidas ejecutivas de la Administración Biden del pasado 4 de junio, diseñadas para cerrar la frontera cuando los cruces diarios superen los 2,500, restringiendo el derecho al asilo que antes tenían todos los inmigrantes al llegar. Como resultado, junio registró el menor número de detenciones desde el inicio del mandato de Biden, con 84,000 inmigrantes detenidos, un 30% menos que en mayo.
En este contexto, solo los inmigrantes que puedan demostrar un miedo creíble de regresar a su país podrán suspender temporalmente su deportación. Sin embargo, esta demostración no garantiza asilo inmediato debido a las restricciones actuales.
Para que un inmigrante pueda suspender su deportación, debe pasar una entrevista de miedo creíble, un proceso que se ha vuelto crucial pero también complicado por la necesidad de evidencias sólidas. La mera argumentación de temor a ser perseguido o torturado no es suficiente. Las autoridades basarán su decisión en las leyes nacionales e internacionales sobre asilo y la Convención Contra la Tortura (CAT).
Excepciones a estas medidas incluyen a niños no acompañados, víctimas de trata de personas y casos con emergencias médicas. Además, aquellos con una cita a través de la aplicación CBP One pueden continuar con su solicitud de asilo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) define el temor creíble de persecución como una "posibilidad significativa" de que el solicitante será perseguido en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular u opinión política. De igual forma, un miedo creíble de tortura implica una "posibilidad significativa" de que el solicitante será torturado si es devuelto a su país.
Durante la entrevista, el agente interrogará al inmigrante sobre los motivos de su solicitud de asilo, preguntando quién lo persiguió o torturó y por qué. Si el agresor es un funcionario del gobierno del país de origen, un agente policial o alguien vinculado al poder local, se requerirán detalles específicos de los incidentes.
Si el relato del inmigrante convence al funcionario de inmigración, se le otorgará el estatus de "withholding of removal" (retención de expulsión), lo que suspende su deportación a la espera del dictamen de un juez de inmigración. Este estatus no garantiza asilo inmediato debido a las actuales restricciones, pero ofrece una medida de protección temporal.
Las razones para solicitar asilo incluyen persecución por religión, raza, nacionalidad, opinión política o membresía a un grupo social. También se consideran las circunstancias del solicitante en el momento de la petición y las condiciones antes de abandonar su país. Además, se evalúa si el gobierno del país de origen estuvo involucrado o no brindó protección ante la persecución o tortura sufrida.
La Administración Biden sostiene que estas restricciones están diseñadas para beneficiar a quienes tienen reclamos legítimos de protección y para reducir la congestión del sistema provocada por solicitudes sin fundamento.