La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, confirmó este lunes que su administración ha revocado la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes venezolanos, una medida que había sido firmada por el exsecretario Alejandro Mayorkas antes de su salida del cargo. Esta revocación afecta a más de 600,000 venezolanos que residen en Estados Unidos, generando incertidumbre sobre su futuro legal en el país.
En declaraciones exclusivas a Fox News, Noem calificó la extensión de la protección temporal como "ridícula", y afirmó que permitía a inmigrantes no investigados, incluidos miembros de la peligrosa pandilla Tren De Aragua, permanecer en EE. UU. y violar sus leyes. "Hoy, retiramos esa orden que había sido firmada por Mayorkas, que permitía a estas personas quedarse en el país durante 18 meses adicionales sin ser debidamente investigadas", explicó Noem.
La decisión genera reacciones mixtas, con algunos legisladores y activistas preocupados por el impacto en la comunidad venezolana en EE. UU. Muchos temen que la revocación del TPS aumente el riesgo de deportación para los inmigrantes venezolanos, quienes podrían perder su estatus de protección y ser obligados a regresar a un país que enfrenta una crisis humanitaria y política.
Noem, sin embargo, defendió la medida, indicando que se trataba de una acción necesaria para frenar lo que consideró una "violación de las leyes migratorias" y una amenaza a la seguridad nacional, debido a los vínculos de algunas personas con organizaciones criminales internacionales como el Tren De Aragua. La pandilla, que opera en varios países de América Latina, ha sido vinculada con delitos como el narcotráfico y la trata de personas.
La revocación del TPS pone en el centro del debate la política migratoria de EE. UU., particularmente en lo que respecta a la protección de inmigrantes de países con situaciones de inestabilidad política, como Venezuela. Mientras la administración de Noem pone énfasis en la seguridad y el cumplimiento de las leyes, grupos de derechos humanos advierten sobre las consecuencias para aquellos que se verían obligados a abandonar el país sin opciones claras.
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