Un escándalo político y judicial de repercusiones internacionales ha salido a la luz en España tras las revelaciones del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional de España, en el marco de la investigación por presunta financiación ilegal relacionada con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según documentos aportados por Aldama y recogidos por medios el Español, la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría negociado en enero de 2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas la puesta a disposición de seis millones de barriles de crudo venezolano para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista que lidera Pedro Sánchez desde 2022.
La información procede de un sobre que Aldama entregó a principios de marzo a la Audiencia Nacional durante su comparecencia ante el tribunal, cuya duración fue de aproximadamente dos horas. El empresario aseguró que la visita de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020 no se limitó a conversaciones diplomáticas, sino que incluyó negociaciones concretas para transferir petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) a favor de intereses políticos españoles.
Según los documentos, uno de ellos fechado el 4 de febrero de 2020 —quince días después de la visita— ofrecía seis millones de barriles de crudo Boscán con un plazo de disponibilidad de 45 días. La operación, valorada en unos 250 millones de dólares, habría sido concebida como un “cupo” de petróleo para financiar al PSOE e incluso a la Internacional Socialista.
Aunque la investigación sugiere que la operación no llegó a completarse en su totalidad, se habría producido un anticipo de cinco millones de euros que terminó en una cuenta bancaria en Rusia, lo que para los fiscales y jueces representa un indicio de que la negociación trascendió el mero planteamiento teórico. Esta transferencia de fondos, según el medio es español, es considerada un elemento “clave” que apunta a una posible financiación irregular del PSOE.
El caso ha generado una fuerte polémica en España y una oleada de reacciones políticas, tanto dentro como fuera del país. En Venezuela, las acusaciones reviven el desgaste internacional de quienes han dirigido el régimen de Nicolás Maduro durante décadas, marcadas por denuncias de corrupción, abuso de poder y opacidad en el manejo de recursos públicos. Aunque Rodríguez no ha sido formalmente imputada en España por estos hechos, la inclusión de su nombre en la investigación ha puesto aún más presión sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países y sobre la transparencia de los partidos políticos europeos ante posibles influencias extranjeras.
Los detalles aportados por Aldama también se enmarcan dentro del denominado “Caso Koldo”, una compleja trama de investigaciones por presuntas irregularidades en el sector de los hidrocarburos y financiación política, que ha implicado a altos funcionarios y empresarios tanto en España como con vínculos internacionales.
Mientras la Audiencia Nacional continúa analizando el contenido del sobre y las declaraciones de Aldama, la polémica sigue escalando, con acusaciones de financiación ilegal y de mezclas peligrosas entre recursos estratégicos como el petróleo y la política partidista. El desenlace de este caso podría tener consecuencias significativas no solo para los implicados, sino también para la percepción pública de la política y la corrupción transnacional.
Fuente: El Español
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