La cadena de farmacias CVS aceptó pagar 315 millones de dólares para resolver acusaciones del Gobierno federal de Estados Unidos relacionadas con el despacho ilegal de opioides y otros medicamentos controlados, así como con la presentación de reclamaciones presuntamente falsas para recibir reembolsos de programas públicos de salud.
El acuerdo, anunciado este martes por el Departamento de Justicia, abarca presuntas infracciones cometidas entre el 17 de octubre de 2013 y el 2 de diciembre de 2025. Según las autoridades, numerosas recetas dispensadas por CVS no tenían una finalidad médica legítima, no eran válidas o no habían sido emitidas conforme a las prácticas profesionales habituales.
La demanda federal también señaló que algunas farmacias entregaron cantidades excesivas de opioides, surtieron recetas antes de la fecha correspondiente y despacharon combinaciones peligrosas de medicamentos, entre ellas opioides, benzodiacepinas y relajantes musculares.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, los farmacéuticos habrían dispensado medicamentos pese a la existencia de señales de alerta que indicaban que determinadas recetas podían ser ilegales o médicamente innecesarias.
Las autoridades también alegaron que algunas políticas corporativas, los incentivos económicos y las condiciones de trabajo priorizaban el rendimiento comercial por encima de la seguridad de los pacientes. La denuncia sostuvo que la falta de personal y ciertas restricciones internas dificultaban el cumplimiento de las obligaciones legales de los farmacéuticos.
Parte de las recetas cuestionadas fueron facturadas a Medicare y a otros programas federales de atención médica, que reembolsaron los medicamentos.
Además del pago económico, CVS suscribió un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA) que establece nuevas medidas de supervisión.
Entre ellas figuran la creación de una línea telefónica para denunciar posibles dispensaciones ilegales, el seguimiento proactivo de los patrones de distribución de medicamentos en sus farmacias y un procedimiento para evaluar a los prescriptores sospechosos de emitir recetas ilícitas.
El caso se originó, en parte, en una demanda presentada por Hillary Estright, una exempleada de CVS, bajo la legislación federal que permite a particulares denunciar presuntos fraudes contra el Gobierno y recibir una parte de la recuperación económica. La cantidad que podría corresponderle todavía no ha sido determinada.
El Departamento de Justicia precisó que el acuerdo resuelve las acusaciones civiles, pero no constituye una determinación judicial de responsabilidad por parte de CVS.
El caso se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por combatir el uso indebido de opioides y reforzar los controles sobre medicamentos sujetos a prescripción.
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