El Congreso de los Diputados de España discutirá una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular (PP) que propone suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba. Este tratado, vigente desde 2017, busca fomentar la colaboración política y económica, condicionado al respeto de los derechos humanos, algo que, según los impulsores de la propuesta, el régimen cubano no cumple.
La Proposición de la Ley (PNL), firmada por diez diputados del PP, destaca el agravamiento de la crisis en Cuba, con apagones constantes que han dejado a millones de personas sin electricidad, agua potable, internet o transporte. Señala que estas condiciones son resultado directo de “décadas de comunismo e inmovilismo” y subraya el éxodo masivo de cubanos, calificado como “histórico”, así como la existencia de más de mil presos políticos en la isla.
La iniciativa también hace eco de una declaración promovida por la plataforma opositora Pasos de Cambio, firmada en octubre por representantes de la sociedad civil cubana. Este documento denuncia que Cuba está en condiciones de “estado fallido” y solicita a los gobiernos democráticos detener el financiamiento del aparato represivo del régimen, mientras se exige el respeto a los derechos humanos y el inicio de un proceso de cambio democrático.
El PP solicita al Gobierno español activar el artículo 85 del ADPC para suspender el acuerdo hasta que el régimen cubano demuestre avances en el respeto a los derechos humanos. Asimismo, demanda condenar las violaciones de derechos humanos en Cuba, exigir la liberación de los presos políticos, supervisar la situación de los detenidos con nacionalidad española y presionar para que las embajadas españolas trabajen en favor de la democracia en la isla.
Se prevé que el debate de esta propuesta se lleve a cabo el próximo 9 de diciembre en el Congreso. Este movimiento refleja una creciente presión internacional hacia el régimen cubano, que, tras más de seis décadas en el poder, enfrenta cuestionamientos por su incapacidad de garantizar derechos básicos y por reprimir sistemáticamente a quienes se oponen a su gobierno.
El ADPC fue establecido con la premisa de promover el diálogo y la cooperación, pero la continuidad de violaciones a derechos humanos y la persecución de opositores cuestionan su vigencia. La propuesta del PP representa un paso hacia la reconsideración de la relación entre la Unión Europea y Cuba, colocando en el centro las demandas de la sociedad civil cubana por libertad y justicia.