El gobierno cubano decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2025 el proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, locales y construcciones accesorias, según una disposición publicada en la Gaceta Oficial No. 26 (extraordinaria) del pasado viernes 23 de mayo.
La medida, ya en vigor, tiene como objetivo facilitar la regularización de inmuebles ocupados sin documentación legal, ofreciendo la posibilidad de adquirir la propiedad sin los trámites extensos que anteriormente dificultaban el proceso.
Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción (Micons), explicó en conferencia de prensa que esta prórroga responde a la necesidad de ampliar el acceso a la legalización, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia de COVID-19 interrumpió muchas de las gestiones iniciadas por los ciudadanos desde que el programa fue lanzado en 2019.
La funcionaria indicó que podrán beneficiarse arrendatarios permanentes de viviendas estatales, siempre que no hayan sido objeto de confiscación por sanciones penales relacionadas con delitos como corrupción, tráfico de drogas o enriquecimiento ilícito. También se incluyen los ocupantes de cuartos, habitaciones y accesorias convertidas en viviendas habitables, así como inmuebles construidos o terminados por el Estado, aunque no cumplan con todas las formalidades legales.
Además, el proceso está abierto tanto a viviendas urbanas como rurales, y contempla atención diferenciada para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Una de las principales novedades es la simplificación de los trámites. Con el Acuerdo 10108 del Consejo de Ministros ya no será necesario realizar el levantamiento en planta ni la descripción detallada del inmueble por parte de las Direcciones Municipales de la Vivienda. Solo se requerirá el dictamen técnico de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, lo que reducirá los tiempos de respuesta en aproximadamente 15 días.
Velázquez Reyes instó a quienes aún no han legalizado su situación habitacional a aprovechar esta nueva oportunidad, destacando que el proceso otorga derechos de uso, disfrute y disposición legal del inmueble.
Asimismo, se informó que más de 19 000 casos que estaban en distintas etapas del proceso anterior seguirán recibiendo atención por parte de las autoridades competentes.
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