La administración del entrante presidente Donald Trump está planeando llevar a cabo una serie de acciones drásticas en materia de inmigración, centrando su primer día de mandato en una masiva operación de arrestos y deportaciones de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos.
Según informes de medios estadounidenses, Trump y su equipo han identificado a ciudades claves como Chicago para comenzar con los arrestos, especialmente de aquellos inmigrantes con antecedentes delictivos. Esta medida es parte de un plan más amplio que incluye reactivar el Título 42, una política que permitió la rápida expulsión de migrantes durante la pandemia de COVID-19.
Paralelamente, el gobernador de Florida Ron DeSantis anunció un plan estatal para abordar la inmigración ilegal en sintonía con las políticas federales previstas. El plan de DeSantis contempla una mayor colaboración entre las autoridades locales y federales para aplicar las leyes de inmigración; se prevén medidas como dar facultades a las autoridades locales para detener y deportar inmigrantes indocumentados. Esta iniciativa también contempla penalizaciones estatales para la inmigración irregular.
Kristi Noem, quien ha sido nominada como Secretaria de Seguridad Nacional, ha anunciado su intención de cerrar la aplicación CBP One, la cual fue utilizada para gestionar citas y trámites migratorios. Este anuncio forma parte de un enfoque más amplio que busca también reinstaurar el programa "Permanecer en México" y revisar otras políticas consideradas laxas en seguridad fronteriza
Tom Homan, quien será el nuevo "zar de la frontera" de la administración Trump, destacó que esta operación no estará limitada a Chicago, ya que las acciones se desplegarán en múltiples ciudades a través de las 24 oficinas de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Estas acciones han generado alertas en ciudades santuarios, que se han mostrado renuentes a colaborar con las autoridades federales en materia de deportaciones. A pesar de esto, algunos gobernantes, como el alcalde de Nueva York Eric Adams, han comenzado a dialogar sobre la remoción de inmigrantes condenados por delitos violentos.
Acorde al anuncio de Homan, Chicago será el punto de inicio para las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Este plan, que busca reforzar la seguridad fronteriza, se enfocará en individuos con órdenes de deportación y antecedentes criminales.
Durante un evento en dicha ciudad, Homan instó al alcalde Brandon Johnson y al gobernador de Illinois a colaborar con las autoridades federales, advirtiendo que enfrentará consecuencias legales si hay obstrucciones. Además, destacó que las acciones empezarán el 21 de enero, con un fuerte despliegue de agentes de ICE en la ciudad.
La estrategia migratoria de Homan también implica la deportación de solicitantes de asilo cuyo estatus haya sido denegado y ha sido criticada por su posible impacto en los derechos humanos. A pesar de reconocer que no desean separar familias, Homan enfatizó que se cumplirán las leyes migratorias vigentes.
En entrevistas recientes, como la emitida por CNN, Homan ha reiterado que las deportaciones masivas comenzarán desde el primer día de la nueva administración, enfrentando desafíos logísticos y políticos considerables. Uno de los mayores obstáculos es la falta de infraestructura para albergar a los inmigrantes detenidos ya que se necesitarían al menos 100 mil camas diarias, mucho más de la actual capacidad de ICE.
Esta falta de infraestructura es un tema clave discutido en las entrevistas y es un impedimento significativo para la implementación del plan. La aprobación de fondos necesarios dependerá del Congreso, lo que añade incertidumbre al proyecto. Homan ha señalado la importancia de negociar apoyos bipartidistas dada la distribución de poder en ambas cámaras.
Además de los desafíos logísticos, el plan enfrenta críticas éticas y legales, especialmente respecto a la deportación de padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses. Este aspecto ha suscitado preocupaciones entre grupos de derechos humanos por el efecto desestabilizador que podría tener en las familias.
También hay controversia en torno al uso de la Guardia Nacional en estos operativos, que ha sido visto como una posible militarización de la gestión migratoria. Las ciudades santuarios y su reticencia a colaborar con el gobierno federal presentan otro importante reto, forzando a las autoridades migratorias a llevar a cabo operativos más agresivos en áreas urbanas. Estos operativos podrían aumentar las tensiones con las comunidades locales y enfrentar críticas públicas.
Estas políticas migratorias de la administración Trump no solo buscan una aplicación interna más estricta, sino que también implican un cambio significante en las relaciones internacionales, especialmente con México y otros países de América Latina.
Tom Homan, el "zar de la frontera", supervisará la implementación del plan. Su enfoque estará en reforzar la seguridad fronteriza y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.