La Administración de Donald Trump presentó una nueva moción para intentar desestimar la demanda colectiva Bello-Rubio, iniciada por 992 cubanos liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A. El Gobierno cuestiona la jurisdicción del tribunal y la suficiencia de los argumentos legales de los demandantes. Los abogados de los inmigrantes tienen hasta el 23 de octubre de 2026 para responder, mientras la jueza federal Jacqueline Becerra deberá decidir los próximos pasos del litigio.
La Administración de Donald Trump presentó el viernes 9 de octubre una nueva solicitud para que el tribunal desestime la demanda colectiva Bello-Rubio, un proceso judicial que busca aclarar cuestiones legales relacionadas con la situación migratoria de cubanos liberados bajo el formulario I-220A.
Según el expediente judicial, la moción figura en la entrada 77 y solicita desestimar la segunda demanda enmendada por dos motivos: una supuesta falta de jurisdicción y la presunta insuficiencia de los fundamentos legales para conceder el remedio solicitado por los demandantes.
La presentación se produjo después de que la jueza federal Jacqueline Becerra rechazara en septiembre un intento anterior del Gobierno de cerrar el caso. Posteriormente, el tribunal permitió a los demandantes modificar su reclamación para abordar cuestiones jurídicas relacionadas con la base legal de su detención y liberación migratoria.
La segunda demanda enmendada fue presentada el 18 de septiembre. Con el nuevo movimiento procesal, la Administración vuelve a plantear sus argumentos para intentar poner fin al litigio, pero la presentación de una moción no significa que la jueza haya aceptado la solicitud.
El expediente establece el 23 de octubre de 2026 como fecha límite para que los abogados de los demandantes respondan a la nueva moción. Después, el tribunal deberá evaluar los argumentos de ambas partes y determinar cómo continuará el proceso.
Además, el Gobierno presentó otros escritos relacionados con solicitudes de protección judicial y con la posible certificación del grupo de demandantes como una clase. Estos asuntos también forman parte de las cuestiones procesales que rodean el caso.
Bello-Rubio comenzó con 992 demandantes cubanos y aborda cuestiones jurídicas relacionadas con la liberación de inmigrantes bajo el formulario I-220A y las posibles consecuencias de esa clasificación a efectos de la Ley de Ajuste Cubano.
Para los afectados, la diferencia es importante: el formulario I-220A no equivale automáticamente a un parole ni garantiza por sí solo el acceso a la residencia permanente. Cualquier beneficio dependerá de las normas aplicables, las circunstancias individuales y las decisiones de las autoridades o los tribunales competentes.
Por ahora, la nueva moción no supone que la demanda haya sido desestimada ni modifica automáticamente el estatus migratorio de los cubanos involucrados. La atención se centra en la respuesta que presenten sus abogados antes del 23 de octubre y en las decisiones posteriores de la jueza Becerra.
Fuentes: Southern District of Florida - I220A org.
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