Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra 28 ciudadanos extranjeros en California por presuntas irregularidades electorales, entre ellas registrarse para votar de manera fraudulenta y participar en elecciones sin tener la ciudadanía estadounidense.

La operación, denominada Protect the Vote (Proteger el Voto), forma parte de una campaña federal para investigar posibles delitos electorales antes de las elecciones de medio término previstas para noviembre de 2026.

Según informó el Departamento de Justicia de EEUU, los 28 acusados son residentes permanentes legales, es decir, poseen tarjetas de residencia o green cards, pero no son ciudadanos estadounidenses y, por tanto, no pueden votar en elecciones federales.

Los casos incluyen presuntas declaraciones falsas en solicitudes de naturalización, registros electorales fraudulentos y participación ilegal en comicios. Las autoridades sostienen que algunos de los implicados habrían ocultado información sobre sus actividades electorales al solicitar la ciudadanía.

Como parte del operativo, las autoridades anunciaron el arresto de 11 personas el lunes en el Distrito Central de California. Las actuaciones se enmarcan en una investigación más amplia que abarca diferentes jurisdicciones del estado.

Los cargos se producen en un momento de creciente tensión entre la Administración del presidente Donald Trump y las autoridades de California por el control de los registros electorales y la verificación de la ciudadanía de los votantes.

La ofensiva federal también incluye una demanda contra el estado relacionada con más de 20.000 personas que el Gobierno considera posibles no ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las autoridades californianas han cuestionado la solidez de esas afirmaciones y sostienen que deben demostrarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

La legislación federal prohíbe a los no ciudadanos votar en elecciones federales, aunque algunas jurisdicciones permiten que participen en determinados comicios locales bajo condiciones específicas.

La presentación de cargos no equivale a una condena. Los acusados tienen derecho a defenderse ante los tribunales y se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

El caso se suma a otras investigaciones impulsadas por el Gobierno federal sobre posibles irregularidades en los procesos de inscripción y votación, en vísperas de unas elecciones legislativas que determinarán la composición del Congreso estadounidense.

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