El gobierno de Estados Unidos implementó una nueva regulación que acorta drásticamente el plazo que tienen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus migratorio. La medida, dictada por la administración del presidente Donald Trump, reduce de 30 a 10 días el tiempo disponible para presentar un recurso legal frente a la cancelación de dicha protección, lo que ha generado advertencias de organizaciones civiles sobre el riesgo de deportaciones aceleradas de personas que huyeron de conflictos o persecución en sus países de origen.

Según el documento oficial, la disposición busca mitigar riesgos de seguridad e integridad en el sistema migratorio, señalando presuntas irregularidades en la admisión de personas durante la administración anterior. La normativa afecta particularmente a refugiados ingresados durante el mandato del expresidente Joe Biden, periodo en el que, sostiene el texto gubernamental, se produjo una erosión en los controles de elegibilidad. Actualmente, las autoridades mantienen en revisión los expedientes de al menos 185.000 refugiados admitidos en ese quinquenio cuya solicitud de residencia permanente continúa pendiente.

Por su parte, defensores de los derechos de los inmigrantes cuestionan los argumentos de la administración y señalan que el recorte del plazo dificulta gravemente el acceso a una defensa legal adecuada. Subrayan además que el reasentamiento de refugiados ha sido históricamente un pilar bipartidista respaldado por la Ley de Refugiados de 1980, norma que estableció uno de los procesos de verificación más rigurosos del sistema de inmigración estadounidense.

La entrada en vigor de este cambio normativo marca un nuevo paso en la reestructuración del programa federal de refugio, reabriendo el debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los compromisos de protección internacional de Estados Unidos.

Fuente: Maylin Legañoa

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