El presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció que su Gobierno estudia excarcelar de forma anticipada y bajo determinadas condiciones a miles de personas encarceladas durante la ofensiva contra las pandillas. La iniciativa llega después de más de cuatro años de régimen de excepción, una política que las autoridades defienden por la reducción de los homicidios y la recuperación de la seguridad en numerosos barrios, pero que también ha suscitado denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y vulneraciones del debido proceso. La medida abre una nueva etapa en la estrategia de seguridad salvadoreña y plantea interrogantes sobre los criterios de excarcelación, la situación de las víctimas de las pandillas y las garantías de quienes fueron detenidos sin pruebas suficientes.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció un plan para estudiar la liberación anticipada y condicional de parte de las personas encarceladas por colaborar con las pandillas durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. La propuesta podría beneficiar a cerca de la mitad de un grupo de unos 10.622 detenidos considerados colaboradores no habituales, aunque el Gobierno aún debe precisar los criterios y el calendario de revisión.

Bukele aclaró que la medida no supondría liberar a integrantes activos de las pandillas. Según explicó, las autoridades analizarán casos de personas a las que atribuyen una colaboración de menor grado, dentro de una estrategia que distingue entre quienes dirigían o integraban las estructuras criminales y quienes cooperaron con ellas en otras circunstancias. La excarcelación sería condicional y estaría sujeta a supervisión.

El régimen de excepción fue aprobado tras una escalada de homicidios y permitió al Gobierno ampliar las facultades policiales y militares para detener a sospechosos. Las autoridades atribuyen a la política de seguridad una drástica caída de los asesinatos: la tasa oficial pasó de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025, según datos oficiales del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, la operación ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias, dificultades para acceder a una defensa efectiva, malos tratos y muertes bajo custodia. Amnistía Internacional señaló en un informe publicado en julio de 2026 que más de 90.000 personas habían sido detenidas desde el inicio del régimen y documentó patrones de vulneraciones del debido proceso. El Gobierno ha defendido la política como necesaria para combatir a las estructuras criminales.

El anuncio abre ahora preguntas sobre cómo se evaluará cada expediente, qué condiciones tendrán las personas liberadas y qué ocurrirá con quienes aseguran haber sido detenidos injustamente. La revisión de casos no equivale por sí sola a una absolución ni resuelve posibles responsabilidades por abusos. El alcance real del plan dependerá de los criterios oficiales y de las garantías judiciales aplicadas durante el proceso en cada caso.

Fuente: Amnistía Internacional, ApNews

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