Las denuncias de fraude electoral presentadas por la excandidata Luisa González tras la segunda vuelta presidencial en Ecuador pierden fuerza frente a los pronunciamientos de las misiones de observación internacional. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea descartaron la existencia de irregularidades que comprometan la legitimidad del proceso.
En su informe preliminar, la OEA afirmó que no recibió ninguna prueba que sustentara las acusaciones de fraude generalizado hechas por el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa. “La Misión no tuvo conocimiento de documentación alguna que sustente las denuncias de irregularidades generalizadas”, señala el documento.
Más contundente fue la postura de la Unión Europea. Gabriel Mato, jefe de la misión, rechazó “el relato de fraude masivo, sistemático” impulsado por sectores opositores. “Repudiamos a aquellos malintencionados que han intentado generar incertidumbre en la población y desconfianza en las instituciones electorales”, declaró.
No obstante, ambas misiones señalaron elementos que deben ser revisados de cara a futuros procesos. Entre las observaciones destacadas figuran el uso de recursos públicos durante la campaña, el estado de excepción vigente el día de los comicios y la falta de claridad legal respecto a la obligación del presidente Daniel Noboa de solicitar licencia para participar en la contienda electoral.
El chileno Heraldo Muñoz, jefe de la misión de la OEA, reconoció estas irregularidades, pero aclaró que ninguna de ellas afecta de manera determinante la validez del resultado electoral. La Unión Europea coincidió en que hubo desequilibrios, pero enfatizó que no constituyen fraude. “¿Puede este desequilibrio justificar poner en duda el resultado electoral? Desde mi punto de vista es un rotundo no”, sentenció Mato.
Luisa González, sin embargo, desconoció los resultados desde la noche misma de la votación, alegando un “grotesco fraude” por parte del gobierno de Noboa. La excandidata acusó al mandatario de utilizar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como herramientas para asegurar su victoria, además de declarar un estado de excepción en medio del proceso electoral.
A pesar de sus acusaciones, el movimiento Revolución Ciudadana no ha presentado ninguna impugnación formal ante el CNE. “No se han recibido recursos sobre inconsistencias numéricas ni pedidos de verificación de actas. Las denuncias se centran en presuntos delitos, que competen a la justicia ordinaria”, explicó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en entrevista con Teleamazonas.
Dentro del propio correísmo también se han marcado distancias. Los alcaldes de Quito y Guayaquil, Pabel Muñoz y Aquiles Álvarez, ambos afines a González, reconocieron públicamente el triunfo de Noboa. Además, Pachakutik, aliado ocasional de la oposición, felicitó al presidente reelecto sin mencionar posibles irregularidades.
Con el respaldo internacional al proceso y sin acciones legales que respalden sus afirmaciones, el discurso de González parece perder eco. Mientras el país da vuelta a la página electoral, la narrativa de fraude queda cada vez más aislada.