Más de 3 mil 300 personas, supuestamente implicadas en delitos e ilegalidades, fueron detenidas en menos de una semana. El régimen realizó también juicios ejemplarizantes en todas las provincias, incluidos procesos contra casos graves de corrupción. Se trata de nueva cruzada para intentar cerrar el cerco al delito, según informaron medios oficiales de prensa.
Bajo el nombre de ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento a las actividades delictivas, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en el país, el mega operativo concluyó el sábado último. En menos de una semana, se efectuaron más de 800 operativos y cierres policiales en ciudades, vías de acceso a través de puntos de control, la Autopista Nacional y otras carreteras, informó la coronel Deniset González, jefa de información y análisis de la jefatura de la PNR, en el programa televisivo “Mesa Redonda”.
Durante esos controles, se realizaron 4 mil acciones a las que González denominó “preventivas, profilácticas”, que terminaron con la detención de más de 3 mil 300 cubanos, supuestamente implicadas en delitos e ilegalidades.
“En este ejercicio se han culminado procesos investigativos, han sido detenidas personas implicadas, se incautó un grupo importante de dinero, bienes adquiridos como resultado de estas actividades y se han incautado también un grupo de cannabinoides sintéticos; en todos estos casos, los implicados están detenidos y se continúan las investigaciones para ampliar posibles cadenas delictivas, identificar modus operandi y cortar aquellas cadenas de suministros que puedan seguir afectando a nuestra sociedad”.
Según el vicefiscal general, Marcos Caraballo de la Rosa, el gobierno dio “una respuesta contundente para preservar una de las conquistas más preciadas de la revolución: la tranquilidad ciudadana”. En apenas cinco días, la Fiscalía impuso más de 300 medidas cautelares, de las cuales el 83% correspondieron a prisión provisional por delitos como el tráfico de drogas y corrupción.
Caraballo informó que se concluyeron “varios procesos asociados a la corrupción de gravedad, que incluso son controlados por la dirección del país”, dejando en suspenso a cuáles casos se refería, aunque pudiera estar aludiendo a la investigación por corrupción del ex viceprimer ministro cubano Alejandro Gil Fernández, destituido en febrero pasado.
“Se pusieron en manos de los tribunales cuatro casos, en los cuales estamos participando en los juicios, como es habitual, para que haya una respuesta penal en correspondencia con su gravedad y con las características de las personas involucradas”, precisó el vicefiscal general, quien añadió: “Estamos hablando de procesos de corrupción donde están involucradas muchas personas, algunos con cadenas delictivas, incluyendo a directivos, funcionarios, trabajadores y otros que se pusieron de acuerdo para apropiarse de los bienes, recursos financieros y materiales necesarios para el desarrollo del país”.
Realmente hay que tener cara dura para juzgar a estas personas y no mirar hacia arriba, donde radica la verdadera corrupción de un grupo dictatorial que tiene a Cuba como patio de su casa. Para esos no hay juicios ni prisiones. Y los ejemplos, sobran.
Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, justificó la realización de juicios ejemplarizantes como parte de la misión de impartir justicia “en nombre del pueblo de Cuba” ¿Y esta señora no tiene ojos para los negocios de hijos y nietos del gobierno? ¡Qué va! La alta funcionaria solo menciona que se llevaron a cabo juicios de este tipo por delitos relativos a las drogas en La Habana, Camagüey y Pinar del Río; y otros nueve procesos por robo de ganado vacuno o ganado mayor o a la venta de carne proveniente de sacrificios ilegales en Granma, Artemisa, Mayabeque y Santiago de Cuba.
En dos audiencias "ejemplarizantes" se juzgó a personas por corrupción administrativa y malversación en La Habana y Matanzas, mientras que se efectuaron otros juicios por los delitos de hurto y robo con fuerza en Mayabeque, Villa Clara y Santiago de Cuba. Sosa advirtió que “la tranquilidad ciudadana es esencial y por tanto los actos que se cometen contra nuestros agentes del Ministerio del Interior son hechos graves”. En relación con ello, mencionó la realización de tres juicios ejemplarizantes en Santiago de Cuba y en Guantánamo, sin dar otros detalles.
Nadie se opone a que aprehendan a verdaderos delincuentes, a malhechores pero lo que todos queremos es que encierren a los peores de todos, a los que mal gobiernan el país... ¡Para esos no hay juicios ni condenas!
Según la vicepresidenta del Tribunal Supremo, “todos estos juicios se hicieron con el debido proceso, cumpliendo con cada una de las garantías que están establecidas en los artículos 94 y 95 de la Constitución y también de nuestras leyes procesales”.
El régimen de Miguel Díaz-Canel emprendió su nueva cruzada contra el delito y la corrupción, en medio de sendos escándalos protagonizados en días recientes por su hijastro Manuel Anido y Sandro Castro, nieto del difunto dictador Fidel Castro. El gobernante cubano aseguró que este ejercicio “comprendido entre dos fechas de combate revolucionario” buscaba “enfrentar tendencias negativas que existen en nuestra sociedad”.
Además de las manifestaciones de corrupción, delitos e ilegalidades, el régimen se propuso perseguir con énfasis la “indisciplina social, actitudes antisociales, evasión fiscal, distorsiones entre el sector estatal y el privado, los precios especulativos, y todo lo que afecte la tranquilidad ciudadana”. En marzo pasado, luego de anunciarse la investigación contra el ex viceprimer ministro Gil por “graves errores” y corrupción, Díaz-Canel advirtió que no habrá tolerancia con la falta de ejemplaridad bajo su gobierno (no se lo cree ni él)
La población cubana enfrenta un clima de incertidumbre y malestar social debido a "la represión y los arrestos arbitrarios" que el gobierno utiliza para mantener el control. Las medidas no han resuelto problemas estructurales y han incrementado la desconfianza hacia el régimen.
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