La administración de Donald Trump está tomando medidas para revocar el estatus legal de más de 530,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes llegaron legalmente a Estados Unidos bajo el mandato de Joe Biden.
Estos migrantes ingresaron bajo el programa de permiso de permanencia temporal conocido como "parole humanitario", diseñado para ofrecerles una alternativa legal a la inmigración ilegal. Esta decisión afecta a quienes fueron admitidos en el país con el respaldo de patrocinadores que se comprometieron a apoyarlos económicamente.
El Departamento de Seguridad Nacional preparó una propuesta para la cancelación definitiva del programa, un mecanismo que fue suspendido por Trump poco después de asumir el cargo, alegando que su implementación violaba el uso adecuado de la libertad condicional en inmigración. Esta política les permitió a los migrantes solicitar permisos de trabajo, una medida que según la administración Biden, contribuía a reducir la inmigración ilegal al ofrecer una vía legal para ingresar al país.
La medida de Trump busca revocar la clasificación de libertad condicional de aquellos que llegaron bajo el programa y colocarlos en procedimientos de deportación si no han solicitado u obtenido otros beneficios migratorios como asilo, una tarjeta verde o Estatus de Protección Temporal (TPS). Esto generaría incertidumbre sobre el futuro de los beneficiarios, ya que aún no se sabe cuántos han solicitado otros beneficios. Además, aquellos que pierdan el derecho a trabajar perderán también la posibilidad de residir legalmente en el país.
Esta decisión ha sido duramente criticada por expertos en inmigración, quienes argumentan que perjudica a personas que han cumplido con los requisitos legales y mantiene la vulnerabilidad de los migrantes. La política migratoria de Trump se ha caracterizado por el endurecimiento de medidas contra la inmigración legal e ilegal, incluyendo una mayor intervención de los agentes del ICE y el uso de recursos del Pentágono para el control fronterizo.
La propuesta de Trump no solo afecta a los migrantes bajo el programa parole, sino que forma parte de un retroceso en las políticas migratorias humanitarias de la administración Biden. Durante su mandato, Trump ha desmantelado diversas iniciativas de inmigración, incluidas aquellas que ofrecían protección a los ucranianos, afganos y niños centroamericanos.
Esto refleja un giro drástico en la política migratoria estadounidense, generando críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes consideran que estas medidas son injustas y crueles para miles de personas que llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor.