En un esfuerzo conjunto, los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez han enviado una carta contundente a los Secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La misiva expresa la profunda preocupación e indignación de los legisladores respecto a los recientes intentos de operativos del régimen cubano y reconocidos abusadores de derechos humanos de ingresar a los Estados Unidos.
En particular, la carta menciona a la fiscal Rosabel Roca Sampedro, quien ha sido identificada como una de las principales responsables del injusto encarcelamiento de los manifestantes del 11 de julio (J11) en Cuba. Los congresistas destacan que permitir la entrada de Roca Sampedro y otros operativos del régimen cubano a EE.UU. representaría una amenaza significativa para la seguridad nacional.
La carta, fechada el 13 de junio de 2024, cita un informe publicado en el sitio web de Radio y TV Martí, que indica que Roca Sampedro fue directamente cómplice en el encarcelamiento de al menos cuatro personas inocentes por periodos que van desde tres años hasta más de cuatro años, debido a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Con su rol como fiscal, Roca Sampedro ha estado involucrada en numerosas violaciones de derechos humanos que han sido condenadas internacionalmente, incluyendo por la Administración Biden.
"Los violadores de derechos humanos no deben recibir el beneficio de entrada a EE.UU. mientras que inocentes manifestantes del J11 languidecen en las cárceles cubanas," enfatizaron los congresistas en su carta.
La carta también destaca que la ley estadounidense proporciona amplia autoridad para la imposición de sanciones en respuesta a violaciones de derechos humanos, incluyendo la denegación de la entrada especial a EE.UU. Bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por Derechos Humanos, la Administración puede negar la entrada a individuos que hayan cometido abusos significativos de derechos humanos. Además, la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Sección 7031(c) en los actos de apropiaciones de operaciones extranjeras, y la autoridad proporcionada por la Orden Ejecutiva 13818, permiten la imposición de tales sanciones.
La acción de los representantes Díaz-Balart, Salazar y Giménez subraya su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su solidaridad con los manifestantes cubanos que, a casi tres años de las protestas, continúan sufriendo las consecuencias de su lucha pacífica por la libertad y la democracia.
Esta iniciativa también pone de relieve la firme postura de los legisladores respecto a la política de inmigración de EE.UU., especialmente en lo que respecta a individuos con antecedentes de violaciones de derechos humanos.
La carta enviada a los Secretarios Blinken y Mayorkas es un llamado urgente a la acción para asegurar que los Estados Unidos no se conviertan en un refugio para aquellos que han perpetrado injusticias y abusos contra los derechos humanos en Cuba, y pide una revisión minuciosa del proceso de visado para garantizar que aquellos responsables de persecuciones injustas, como Rosabel Roca Sampedro, no sean admitidos en el país.
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