El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el arresto de dos ciudadanos cubanos acusados de estar involucrados en actividades relacionadas con abortos ilegales en el estado. José Manuel Cendan Ley, de 29 años, y Rubildo Labañino Matos, de 54, fueron detenidos tras una investigación exhaustiva que destapó una red clandestina de clínicas operando sin las licencias adecuadas.
Cendan Ley, quien ingresó a Estados Unidos de manera irregular en 2022 y estaba bajo libertad condicional, colaboraba directamente con María Margarita Rojas, la líder de la red de clínicas ilegales. El joven fue arrestado el 17 de marzo por su implicación en la realización de un aborto ilegal en la Clínica Waller Latinoamericana, ubicada en Waller, Texas. Mientras tanto, Labañino Matos, quien regresó a Texas el 8 de marzo desde Cuba, enfrenta cargos por conspiración para ejercer la Medicina sin licencia. Este enfermero practicante, que tenía su licencia en período de prueba, es acusado de trabajar en las clínicas sin las credenciales necesarias.
La red operaba en varias clínicas del estado, incluyendo la Clínica Waller Latinoamericana, Clínica Latinoamericana Telge en Cypress, y Latinoamericana Medical Clinic en Spring. Según las autoridades, estas instalaciones empleaban personal sin formación profesional que se hacía pasar por médicos. La organización fue liderada por María Margarita Rojas, conocida como "Doctora María", quien a sus 48 años enfrenta acusaciones graves, incluyendo la realización de abortos ilegales y la práctica de la Medicina sin las credenciales necesarias.
Rojas fue arrestada el 17 de marzo en el condado de Waller por realizar abortos ilegales y operar clínicas sin licencia. En la rueda de prensa, Paxton destacó la firme postura de su administración en la protección de la vida. "En Texas, la vida es sagrada. Siempre haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los no nacidos, defender las leyes provida de nuestro estado y trabajar para garantizar que las personas sin licencia que ponen en peligro la vida de las mujeres al realizar abortos ilegales sean procesadas por completo", dijo Paxton.
El Procurador General de Texas también solicitó una orden de restricción temporal para cerrar las clínicas de Rojas y evitar más actividades ilegales. Además, la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas de 2021 permite la imposición de sanciones civiles de al menos $100,000 por cada violación de la ley.
La investigación fue realizada por la División de Aplicación de la Ley del Procurador General de Texas, con la colaboración del Fiscal de Distrito del Condado de Waller, Sean Whittmore, quien remitió el caso al fiscal general para su enjuiciamiento. Esta operación es un claro mensaje de las autoridades texanas en su lucha contra las actividades ilegales relacionadas con abortos en el estado.
La ley de Texas responsabiliza penalmente a los proveedores de abortos ilegales, pero no a los pacientes.
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