El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha anunciado la creación de un registro obligatorio para todas las personas que se encuentren en el país de manera ilegal. A partir de esta medida, aquellos que no se inscriban voluntariamente podrán enfrentarse a multas de hasta $5,000 y penas de prisión de hasta seis meses, según indicaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida establece que todas las personas mayores de 14 años que residen ilegalmente en el país deberán registrarse, proporcionando huellas dactilares, una dirección de residencia y otra información personal relevante. El DHS, en un comunicado, citó la Ley de Inmigración y Nacionalidad como base legal para esta obligación, añadiendo que el incumplimiento de este proceso será considerado un delito. La administración ha dejado claro que la ley, ignorada durante décadas, ahora será implementada con firmeza.

El objetivo de esta política es facilitar el cumplimiento de las promesas de campaña de Trump, que incluyen deportaciones masivas y el cierre de la frontera a futuros solicitantes de asilo. Según la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los inmigrantes indocumentados deberán elegir entre regresar a su país y seguir el proceso legal para ingresar a Estados Unidos o afrontar las consecuencias de continuar violando las leyes migratorias.

Esta medida surge en un contexto de creciente control sobre la inmigración indocumentada en el país, con el gobierno de Trump buscando implementar políticas más estrictas para reducir el número de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos. Sin embargo, el proceso de registro ha sido recibido con preocupación por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, quienes alertan que el propósito de esta medida podría ser identificar a posibles candidatos para detenciones y deportaciones masivas.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración expresó su preocupación en un comunicado, recordando que la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que en su momento obligó a los inmigrantes a registrarse, tenía como fin identificar amenazas a la seguridad nacional. Según estos grupos, el registro actual también podría ser utilizado para señalar y deportar a personas sin documentación legal, afectando principalmente a aquellos que no pueden cumplir con los requisitos impuestos.

El sistema de registro se implementará a través de un formulario que será creado próximamente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). A partir de entonces, todos los inmigrantes indocumentados, incluidos los menores de 14 años, deberán registrarse y dar a conocer su información personal. Las consecuencias de no hacerlo son severas, con sanciones económicas y penales significativas.

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