El presidente Donald Trump volvió a encender la controversia migratoria en Estados Unidos al afirmar que, de ser legalmente posible, revocaría la ciudadanía a determinados ciudadanos naturalizados, especialmente aquellos a los que él califica como “criminales”.

Sus declaraciones, reportadas por medios como ABC News y analizadas por CubaHerald, provocaron un intenso debate político y social, generando preocupación entre comunidades inmigrantes y expertos constitucionales.

Durante un encuentro con la prensa, Trump reconoció que no está seguro de que la Constitución le permita quitar la ciudadanía sin un proceso judicial, pero aseguró que actuaría “sin titubeos” si existiera tal posibilidad.

Además, criticó varias naturalizaciones realizadas durante la administración Biden, señalando que supuestamente se aprobaron sin controles adecuados. En sus comentarios, el mandatario también recurrió a retórica despectiva hacia ciertos grupos inmigrantes, en particular personas de origen somalí, lo que fue considerado injustificado y peligroso por defensores de derechos civiles y expertos en cohesión social.

Estas declaraciones coinciden con la evaluación de la Casa Blanca sobre una posible revisión de los procesos migratorios, que podría incluir verificaciones más estrictas, limitaciones a programas humanitarios y revisión de la naturalización de millones de personas.

La retórica presidencial ha aumentado la percepción de vulnerabilidad entre la población naturalizada, que actualmente supera los 23 millones de residentes en Estados Unidos. Expertos constitucionales recuerdan que la Decimocuarta Enmienda prohíbe la pérdida arbitraria de la ciudadanía, y que la única vía legal para revocar una naturalización es demostrar fraude mediante un juicio federal completo. Cualquier intento de acción unilateral del presidente enfrentaría demandas masivas y sería declarado inconstitucional.

Mientras se desarrollaba esta controversia, la Casa Blanca anunció que Steve Witkoff, enviado especial del gobierno, viajará a Moscú para explorar avances diplomáticos entre Rusia y Ucrania, aunque esta noticia quedó opacada por la polémica migratoria. La postura de Trump ha recibido respaldo de sectores republicanos que abogan por una política de “mano dura”, mientras legisladores demócratas la califican como un ataque directo a los derechos constitucionales y civiles.

Analistas coinciden en que Trump busca reforzar su base electoral mediante un discurso firme contra la inmigración, un tema central en su agenda. Aunque la ley impide la desnaturalización discrecional, el impacto político y social de estas declaraciones es significativo.

El debate generado profundiza la polarización, fortalece posturas extremas y cuestiona pilares fundamentales del sistema ciudadano estadounidense, dejando a millones de naturalizados en un clima de incertidumbre y alarma sobre la estabilidad de sus derechos.

Recomendado para ti