El régimen cubano abrió un proceso investigativo contra el opositor Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), a quien le prohíben salir de Colón, su municipio de residencia en la provincia de Matanzas.

Le han advertido que podría regresar a la cárcel por un supuesto delito de "mercenarismo".

"El martes se presentó en la casa el oficial de la Seguridad del Estado Alberto Luis Acosta Cárdenas. Me entregó una citación por escrito y me dijo que debía que personarme en el Departamento Técnico Investigativo ese mismo día", dijo el exprisionero político al portal independiente Diario de Cuba.

"Llegué allí y me recibió él mismo en las puertas, pero me llevaron para una oficina del cuartel de la Seguridad del Estado. Allí estaban otro oficial que se identificó y lo conocemos muy bien, el mayor Orlando Figueroa Betancourt, y la instructora de la Seguridad del Estado, la capitana Dorca", explicó.

Al tiempo que añadió que "concretamente era para decirme que habían abierto un proceso investigativo en mi contra por la supuesta figura delictiva de 'mercenarismo' recogido en el Código Penal. Sé de qué se trata y sé que puedo ser condenado de diez a 20 años de cárcel e incluso con pena de muerte".

"Me dijeron que era porque me estaba dedicando a hacer listas de presos políticos, principalmente de los que están en las cárceles desde el 11 de julio tras las protestas pacíficas. Me acusaron de estar dedicándome a enlazar a los familiares de estos prisioneros con organizaciones en el exilio para recibir ayuda humanitaria y que eso era un delito de mercenarismo", subrayó.

El opositor explicó que los represores le impusieron una "limitación de libertad", de modo que "no puedo salir de la ciudad de Colón y para hacerlo tengo que pedir autorización (a la Seguridad del Estado). Me amenazaron además con que en cualquier momento podría ser regresado a la cárcel si incurría en los mismos hechos, si continuaba haciendo lo que estoy haciendo".

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