Abogados independientes entregaron el jueves una petición formal a la Asamblea Nacional del Poder Popular pidiendo la revocación del Decreto 389, que legaliza el espionaje electrónico sobre los ciudadanos cubanos.

Según manifestó a Diario de Cuba, el jurista Julio Ferrer Tamayo, quien suscribe la petición junto a Edilio Hernández Herrera: "Consideramos que este decreto es una violación flagrante a los derechos humanos de los cubanos, en especial el derecho a la privacidad y la intimidad. Con él se legaliza lo que los órganos de seguridad y control en nuestro país venían haciendo desde hacía mucho tiempo. Esta nueva ley no se ajusta a lo estipulado en los convenios internacionales en materia de lucha contra el delito y las técnicas especiales y excepcionales que se utilizan para combatirlos".

Para los mencionados abogados esta disposición "legitima y legaliza la inobservancia de las normas y reglas del debido proceso, al vulnerar la equidad entre las partes en el proceso penal y franquea la posibilidad a una parte el fiscal atropelle a la otra (...) sin límite alguno".

Según han expresado esta ley “no se ajusta al Manual de Técnicas

Especiales de Investigación, Agente Encubierto y Entrega Vigilada emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ya que dicho manual especifica que estos métodos de investigación solo se utilizarán de modo excepcional, algo que no aclara ni menciona el decreto del Gobierno cubano”.  

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