En una reciente intervención en la sesión ordinaria del Parlamento, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la implementación de un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de divisas, derogando la Resolución 115/2020 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP).

Entre las principales modificaciones de este nuevo mecanismo se encuentran:

Todas las transacciones internas de la economía se realizarán en CUP, excepto en la ZED Mariel, entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, y entidades extranjeras.

Saneamiento de las cuentas en divisas de las entidades estatales.

Aprobación de esquemas cerrados de financiamiento para exportadores.

El primer ministro también enumeró medidas puntuales como el pago de aranceles en divisas para importaciones del sector no estatal y la implementación gradual de cobros en divisas para servicios portuarios. Sin embargo, esta estrategia parece más una medida de emergencia que una solución estructural a la crisis económica.

El Gobierno ha mostrado una clara inconsistencia en su política económica. La decisión de eliminar la circulación del dólar y luego reintroducirlo evidencia la incertidumbre y la falta de un plan concreto para estabilizar la economía. Esta falta de coherencia refleja una incapacidad para implementar medidas que impulsen verdaderamente el crecimiento económico.

Marrero Cruz mencionó la necesidad de reducir la brecha cambiaria y controlar la devaluación del peso, pero no ofreció soluciones claras para enfrentar la inflación y los bajos salarios. En lugar de implementar una tasa de cambio justa, el gobierno prefiere administrar los desequilibrios, una estrategia que a largo plazo puede ser insostenible.

Además, las medidas de bancarización y dolarización parcial de la economía, junto con el incremento de la recaudación tributaria y fiscal, parecen ser intentos desesperados para recoger el exceso de circulante del peso sin abordar las causas fundamentales de la crisis económica.

El primer ministro también destacó la importancia de la inversión extranjera y la necesidad de desarrollar negocios con inversores extranjeros, incluyendo a cubanos residentes en el exterior. Sin embargo, la lentitud y la falta de respuestas del gobierno continúan siendo obstáculos significativos para atraer inversión.

El Gobierno sigue sin un plan claro para salir de la crisis. Las acciones mencionadas por Marrero Cruz, como el incremento de la tarifa eléctrica y la actualización del costo de la canasta familiar, parecen medidas paliativas que no abordan los problemas estructurales de la economía cubana.

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