Estados Unidos ha expuesto una compleja operación de fraude y lavado de dinero orquestada por catorce ciudadanos norcoreanos. Según la acusación formal presentada este miércoles (11 de diciembre de 2024) por un tribunal federal en St. Louis, Missouri, los implicados utilizaron identidades falsas para infiltrarse en empresas estadounidenses y desviar al menos 88 millones de dólares hacia programas de misiles balísticos y armamento del régimen de Corea del Norte.
Los acusados trabajaban para las compañías norcoreanas Yanbian Silverstar, con sede en China, y Volasys Silverstar, ubicada en Rusia. Estas empresas, controladas por Pyongyang, empleaban a trabajadores de tecnología de la información (TI) que utilizaban identidades robadas de estadounidenses para obtener empleo remoto en empresas y organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los "trabajadores" norcoreanos no solo obtenían salarios que transferían al régimen, sino que también robaban información confidencial y extorsionaban a sus empleadores. “El gobierno norcoreano ordena a sus trabajadores de TI que roben información sensible y desvíen dinero hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para sostener su régimen brutal”, señaló la fiscal general adjunta Lisa Monaco.
Aunque solo se han acusado formalmente a catorce personas, el FBI advierte que miles de trabajadores norcoreanos están involucrados en operaciones similares alrededor del mundo. Según los investigadores, estos individuos trabajaban en estrecha colaboración con residentes en Estados Unidos, a quienes pagaban para instalar equipos y software que simulaban que los empleados estaban físicamente en el país, cuando en realidad operaban desde el extranjero.
El Departamento de Justicia afirmó que los acusados generaron 88 millones de dólares durante seis años, cifra que fue canalizada hacia los programas de armas del régimen de Kim Jong Un. Los fiscales revelaron que los trabajadores debían exigir salarios de al menos 10,000 dólares mensuales a sus empleadores y recaudar fondos adicionales mediante la extorsión, amenazando con filtrar información sensible si no se cumplían sus demandas.
A pesar de las acusaciones, se cree que los sospechosos se encuentran en Corea del Norte, lo que hace poco probable que enfrenten la justicia estadounidense. Sin embargo, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
“La acusación formal es parte de una iniciativa de la División de Seguridad Nacional para interrumpir las estrategias de Corea del Norte destinadas a generar ingresos mediante engaños y actividades ilícitas en empresas estadounidenses”, señaló Matthew G. Olsen, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia.
Esta operación pone de manifiesto cómo el régimen de Corea del Norte utiliza redes globales de fraude para evadir sanciones internacionales y financiar su programa armamentístico, un desafío constante para la seguridad internacional.
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